¿Qué enfermedades entran en el certificado de discapacidad?

El certificado de discapacidad es el documento que acredita administrativamente el grado reconocido. La valoración corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas y, en Ceuta y Melilla, al IMSERSO.

Desde 2023, el sistema de valoración se rige por el Real Decreto 888/2022, que sustituyó al antiguo baremo del Real Decreto 1971/1999. El modelo actual se inspira en un enfoque biopsicosocial y no se limita a asignar puntos por el nombre de una enfermedad.

El grado final se expresa en porcentaje. El umbral del 33 % es especialmente relevante porque, con carácter general, a partir de ese porcentaje se adquiere la consideración legal de persona con discapacidad a los efectos previstos por la normativa aplicable.

No existe una lista cerrada que garantice el reconocimiento de un 33 %, 45 %, 65 % o cualquier otro porcentaje por el mero hecho de padecer una enfermedad.

Los baremos contienen criterios para valorar múltiples condiciones de salud y sistemas corporales, pero el resultado depende de la gravedad, las secuelas y, especialmente, de la repercusión real sobre el funcionamiento de cada persona.

Por eso, las enfermedades que aparecen a continuación deben entenderse como patologías que pueden dar lugar al reconocimiento de discapacidad, no como diagnósticos que aseguren automáticamente un porcentaje determinado.

1. Enfermedades físicas

Las patologías físicas pueden ser valoradas cuando provocan deficiencias o limitaciones relevantes. Entre las más habituales se encuentran:

Enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas

• Artritis reumatoide
• Espondilitis anquilosante
• Artrosis severa
• Osteogénesis imperfecta
• Escoliosis grave

Enfermedades neurológicas

• Esclerosis múltiple
• ELA (esclerosis lateral amiotrófica)
• Enfermedad de Parkinson
• Epilepsia refractaria
• Parálisis cerebral
• Daño cerebral adquirido (incluidos ictus y traumatismos craneoencefálicos)

Enfermedades cardiovasculares

• Insuficiencia cardiaca crónica
• Miocardiopatías
• Hipertensión pulmonar severa

Enfermedades respiratorias

• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
• Fibrosis quística
• Asma grave persistente

Enfermedades digestivas, metabólicas y renales

• Enfermedad de Crohn
• Colitis ulcerosa
• Diabetes mellitus con complicaciones relevantes
• Insuficiencia renal crónica, incluida la situación de diálisis o determinadas secuelas tras un trasplante

Enfermedades raras y sistémicas

• Distrofias musculares
• Esclerodermia
• Enfermedad de Wilson
• Lupus eritematoso sistémico

2. Enfermedades psiquiátricas, del neurodesarrollo y cognitivas

Los trastornos mentales y del neurodesarrollo también pueden ser valorados cuando producen una afectación relevante y mantenida del funcionamiento. Entre ellos:

• Trastorno del espectro autista (TEA)
• Trastorno bipolar
• Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
• Depresión mayor crónica o resistente al tratamiento
• Trastorno obsesivo-compulsivo grave
• Trastornos de ansiedad con afectación funcional significativa
• Trastornos graves de personalidad
• Alzhéimer y otras demencias

El diagnóstico psiquiátrico no determina por sí solo el porcentaje. Se valora, entre otros aspectos, la repercusión sobre la autonomía, las relaciones, el funcionamiento cotidiano, la capacidad para desenvolverse en distintos entornos y la necesidad de apoyos.

3. Enfermedades sensoriales

Discapacidad visual

• Pérdida grave de agudeza visual o del campo visual
• Retinosis pigmentaria
• Glaucoma avanzado
• Degeneración macular grave

Discapacidad auditiva

• Hipoacusia neurosensorial severa o profunda
• Sordera bilateral congénita o adquirida
• Enfermedad de Ménière cuando provoca una afectación relevante

Si quieres consultar más patologías relacionadas con limitaciones laborales o discapacidad, puedes visitar la lista de enfermedades para incapacidad permanente.

El sistema actual utiliza varios baremos que analizan distintas dimensiones del funcionamiento. Los principales son:

• BDGP: valora las deficiencias en las funciones y estructuras corporales.
• BLA: valora las limitaciones en la actividad.
• BRP: analiza las restricciones en la participación.
• BFCA: tiene en cuenta determinados factores contextuales y barreras ambientales.

El resultado no se obtiene sumando diagnósticos de forma simple. Los baremos interactúan conforme a las reglas técnicas del Real Decreto 888/2022 hasta determinar un grado final de discapacidad expresado en porcentaje.

Este sistema explica por qué dos personas con el mismo diagnóstico pueden recibir grados diferentes: la intensidad de los síntomas, las secuelas, las limitaciones para las actividades y el entorno pueden ser distintos.

No existe una enfermedad concreta que garantice alcanzar el 33 %. El porcentaje se obtiene después de aplicar los baremos correspondientes a la situación individual.

El 33 % es un umbral jurídico importante, pero no debe confundirse con una categoría médica automática. Para alcanzarlo, la valoración global debe situar el grado final en ese porcentaje o por encima de él.

Por eso es esencial que los informes no se limiten a mencionar el diagnóstico y describan también las secuelas, la evolución y las limitaciones reales que presenta la persona.

Puede dar derecho, pero la cronicidad por sí sola no garantiza un porcentaje determinado. Una enfermedad puede ser crónica y estar bien controlada, mientras que otra puede producir brotes frecuentes, secuelas o una afectación importante de la autonomía.

Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, migraña crónica, Crohn, lupus, diabetes, EPOC, artritis y muchas otras patologías pueden ser objeto de valoración. Lo decisivo será su repercusión concreta conforme a los baremos.

Las enfermedades fluctuantes plantean una dificultad especial porque una valoración puntual puede no reflejar toda su repercusión. El baremo vigente contempla la frecuencia y duración de los brotes cuando interfieren en las actividades de la vida diaria.

Por eso, si padeces una enfermedad con crisis o periodos de empeoramiento, los informes deberían reflejar, siempre que sea posible, la frecuencia, duración, intensidad, tratamiento y consecuencias funcionales de esos episodios.

Encontrarse relativamente bien el día de la valoración no significa por sí solo que la enfermedad carezca de repercusión. Lo importante es que el expediente permita valorar el funcionamiento habitual a lo largo del tiempo.

Sí. Es frecuente que una persona presente varias patologías físicas, sensoriales o mentales que interactúan entre sí.

Sin embargo, los porcentajes no se suman aritméticamente. Tener, por ejemplo, una valoración parcial del 20 % asociada a una deficiencia y otra del 20 % por otra condición no significa automáticamente obtener un 40 %. El Real Decreto 888/2022 establece reglas específicas para combinar y ajustar la valoración.

Por eso es importante aportar documentación de todas las patologías relevantes y explicar cómo se relacionan y afectan conjuntamente al funcionamiento.

El diagnóstico de trastorno del espectro autista no implica automáticamente un 33 % de discapacidad. El porcentaje depende de la afectación concreta y de los resultados de la valoración conforme a los baremos vigentes.

Pueden ser relevantes las necesidades de apoyo, las limitaciones en comunicación e interacción social, la autonomía, la adaptación a distintos entornos y otras dificultades funcionales asociadas.

Por lo tanto, dos personas con TEA pueden recibir grados distintos aunque compartan el mismo diagnóstico general.

Los informes médicos para solicitar una discapacidad son fundamentales para acreditar la condición de salud y su evolución.

Conviene aportar, cuando existan:

• Informes recientes de especialistas.
• Pruebas diagnósticas relevantes.
• Historia de tratamientos y respuesta obtenida.
• Secuelas consolidadas.
• Frecuencia y duración de crisis o brotes.
• Necesidad de apoyos o productos de apoyo.
• Limitaciones para actividades de la vida diaria, movilidad, comunicación, autocuidado o participación.

Un informe útil no debería limitarse a decir qué enfermedad tienes. Debe ayudar al equipo de valoración a comprender cómo te afecta.

El procedimiento se tramita ante el organismo competente de la comunidad autónoma de residencia. Aunque puede haber diferencias administrativas entre territorios, normalmente incluye:

1. Presentar la solicitud oficial.
2. Aportar informes médicos y, cuando proceda, documentación psicológica, social o funcional.
3. Valoración por el equipo multiprofesional competente.
4. Aplicación de los baremos establecidos en el Real Decreto 888/2022.
5. Resolución administrativa en la que se indica el grado reconocido y, cuando corresponda, otros resultados de la valoración.

La valoración es realizada por equipos multiprofesionales de valoración de la discapacidad conforme a las competencias de cada administración.

Sí. Estar trabajando no impide solicitar ni tener reconocido un grado de discapacidad. Discapacidad e incapacidad laboral son conceptos diferentes.

Una persona puede tener reconocido un 33 %, 45 %, 65 % o un porcentaje superior y continuar trabajando, con o sin adaptaciones, según sus circunstancias. De hecho, el reconocimiento puede facilitar el acceso a determinadas medidas de inclusión laboral y adaptaciones razonables en el trabajo.

No. El certificado de discapacidad y la incapacidad permanente son figuras diferentes, tramitadas y valoradas con finalidades distintas.

La discapacidad analiza el funcionamiento de la persona en diferentes ámbitos de la vida. La incapacidad permanente de la Seguridad Social se centra en la repercusión de las reducciones funcionales sobre la capacidad laboral en los términos previstos para cada grado.

Por ello, una persona puede tener discapacidad y seguir trabajando, tener una incapacidad permanente sin que el porcentaje administrativo de discapacidad sea idéntico, o tener reconocidas ambas situaciones.

Existe, además, una equiparación legal al 33 % para determinados efectos de la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad respecto de pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. Esta equiparación no debe confundirse con la obtención automática de un certificado administrativo del 33 % para cualquier finalidad.

33 %: es el umbral general a partir del cual se reconoce la condición de persona con discapacidad a los efectos legalmente previstos.

45 %: puede ser relevante para determinados derechos específicos, como algunos supuestos de jubilación anticipada por discapacidad, siempre que se cumplan además los requisitos y la patología esté incluida en la normativa correspondiente.

65 %: es un umbral utilizado por diversas prestaciones, ayudas y beneficios, cada uno con sus propios requisitos.

75 % o más: puede tener efectos adicionales en determinados ámbitos cuando concurren también necesidades intensas de apoyo o asistencia de otra persona, según la prestación o beneficio de que se trate.

Alcanzar uno de estos porcentajes no concede automáticamente todas las ayudas asociadas popularmente a ese grado. Cada beneficio tiene su propia normativa y puede exigir requisitos económicos, de movilidad, residencia, edad o necesidad de apoyo.

El reconocimiento puede facilitar el acceso a diferentes derechos y medidas de apoyo, pero dependerán del porcentaje y de los requisitos específicos de cada programa. Entre ellos pueden encontrarse:

• Beneficios fiscales y determinadas deducciones o reducciones cuando se cumplen sus requisitos.
• Medidas laborales: cupos de reserva, incentivos a la contratación y adaptaciones del puesto.
• Movilidad: determinadas ayudas y, cuando se cumplen los requisitos específicos, tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
• Prestaciones y ayudas sociales: cuando se alcanza el grado exigido y se cumplen los restantes requisitos.
• Educación, vivienda y servicios públicos: medidas específicas de acceso o apoyo previstas por las distintas administraciones.

Es importante insistir en que el certificado no convierte automáticamente a la persona en beneficiaria de todas estas medidas. Cada una debe comprobarse individualmente.

Sí. Cuando se produce un cambio relevante en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento, puede solicitarse una revisión del grado conforme a las reglas y plazos aplicables.

Si tu estado ha empeorado, conviene aportar informes recientes que permitan comparar la situación actual con la que existía cuando se dictó la resolución anterior. Un nuevo diagnóstico puede ser importante, pero será especialmente relevante demostrar si ha generado nuevas limitaciones o ha agravado las existentes.

Si la resolución reconoce un porcentaje inferior al esperado, lo primero es revisar qué documentación se ha valorado y cómo se han aplicado los baremos.

Dependiendo del caso, puede ser necesario comprobar:

• Si faltaban informes médicos relevantes.
• Si alguna patología o secuela no fue valorada correctamente.
• Si las limitaciones en la actividad o participación no quedaron suficientemente acreditadas.
• Si existen errores en la aplicación de los baremos.
• Qué vía y plazo de impugnación corresponde frente a la resolución.

En Fidelitis contamos con abogados especialistas en discapacidad que pueden estudiar la resolución y la documentación médica para valorar si existe base para reclamar un grado superior.

Enfermedades como la esclerosis múltiple, Parkinson, EPOC, Crohn, lupus, depresión, trastorno bipolar, autismo, epilepsia, pérdida visual o hipoacusia pueden dar lugar al reconocimiento de discapacidad. Pero ninguna de ellas garantiza por sí sola un porcentaje concreto.

El sistema vigente valora la situación individual mediante los baremos del Real Decreto 888/2022, teniendo en cuenta las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las restricciones en la participación y las barreras ambientales.

Por eso, una solicitud bien documentada debe explicar no solo qué diagnóstico existe, sino qué consecuencias tiene en la vida diaria de la persona.

Si vas a solicitar el reconocimiento, quieres revisar un grado ya concedido o consideras que el porcentaje reconocido no refleja tu situación real, en Fidelitis podemos analizar tu caso y ayudarte a defender el grado de discapacidad que corresponda.