¿Se puede recurrir una incapacidad permanente total a absoluta?

La incapacidad permanente total es aquélla que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Conlleva una pensión del 55% de la base reguladora, aunque puede llegar al 75% al cumplir los 55 años, en tanto no se esté laboralmente activo.

Por su parte, la incapacidad permanente absoluta es aquélla que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio, si bien no implica que no pueda realizar ninguna actividad remunerada. Basta con que no pueda desempeñar ningún trabajo con un mínimo de rendimiento, eficacia y profesionalidad.

En cuanto al importe que se cobra, la pensión por invalidez absoluta supone una mensualidad del 100% de la base reguladora, y además está libre de IRPF.

Hay que contar con que todas las incapacidades son revisables para reducir, aumentar, mantener o cancelar el grado de incapacidad.

Si has sufrido un empeoramiento de tus secuelas o has desarrollado nuevas patologías desde la última revisión del EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), y además tienes pruebas médicas que lo demuestren (este punto es muy importante, contar con un buen peritaje médico, y, a ser posible, con un sólido informe pericial), estarás en condiciones de reclamar una incapacidad permanente absoluta con plenas garantías.

Por lo tanto, es posible recurrir en estos dos supuestos:

• Cuando no estás de acuerdo con la resolución del INSS.
• Cuando has sufrido un agravamiento y consideras que tu enfermedad y secuelas acreditan una incapacidad permanente absoluta.

En este último caso, puedes iniciarlo realizando una solicitud de revisión por agravamiento. Te recomendamos que, si pretendes iniciar una revisión, acudas a profesionales expertos en la materia, pues un informe inapropiado o una solicitud realizada de forma incorrecta puede lastrar todo el procedimiento.

Existen dos vías para recurrir una incapacidad permanente total a absoluta:

1. Reclamación por vía administrativa. Se trata de un trámite administrativo para solicitar la revisión y poder modificar la valoración inicial del EVI. Esta reclamación debe realizarse en un plazo de 30 días hábiles tras la notificación del INSS. La realidad es que conseguir que te aumenten el grado por esta vía es prácticamente imposible.
2. Reclamación por vía judicial. Se trata de una demanda judicial que debes interponer si quieres pasar de la incapacidad permanente a la absoluta, una vez agotada la vía administrativa. También cuentas con un plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución de la reclamación por vía administrativa.

Pero si el juez de lo Social falla a favor del INSS en un juicio de incapacidad, aún no está todo perdido. Aún se puede interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se esté litigando, o, si tampoco prospera esta vía, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En 2025 se han introducido importantes mejoras en el procedimiento de recurrir una incapacidad permanente total para solicitar su revisión a absoluta. Entre las novedades destacan:

• Digitalización del proceso: Ahora es posible presentar y hacer seguimiento del recurso a través de plataformas digitales, lo que agiliza la tramitación y permite una gestión más transparente de la documentación.
• Clarificación de criterios: Se han actualizado y detallado los requisitos y criterios periciales necesarios para justificar la revisión de la resolución, facilitando a los afectados conocer qué documentación y pruebas deben aportar.
• Evaluación multidisciplinar: La incorporación de equipos médicos multidisciplinares en la valoración pericial asegura una revisión más completa y precisa de la situación del trabajador.
• Mayor transparencia: Las nuevas medidas incluyen protocolos de comunicación más claros, permitiendo a los solicitantes conocer de forma detallada el estado de su recurso y los plazos estimados de resolución.

Estas actualizaciones buscan garantizar que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a una revisión justa de su incapacidad, asegurando que, en caso de empeoramiento de su condición, reciban la protección y el reconocimiento económico que corresponda a su realidad laboral.